Contra los rescates empresariales.

Durante la crisis del Coronavirus muchas empresas han sufrido una descapitalización que ha provocado que muchas de ellas hayan quebrado, de hecho han echado el cierre más de 133.000 empresas durante esta crisis, y que otras muchas hayan sufrido un importante revés que va a hacer más dura su vuelta a la normalidad.

No son muchas las empresas que tienen mecanismos suficientes para hacer frente a un parón forzoso de su actividad durante meses y que puedan seguir haciendo frente a todos los gastos que tienen, de hecho son más bien pocas.

Durante el mes de Mayo, también hemos asistido a la marcha de una gran empresa de España, con el cierre de la planta de Nissan en Barcelona. Esta marcha de la empresa japonesa ha dejado en la estacada a casi 20.000 trabajadores. Sin embargo, y a modo de aclaración, Nissan ya tenía decidida su marcha de Barcelona desde antes de la crisis del Coronavirus, ya que esta marcha forma parte de una reducción mundial de su producción de un 20%. Por otro lado, la planta de Barcelona ya venía operando tan sólo a un 30% de su capacidad, con las consecuentes pérdidas.

Ante esta situación, es inevitable que aparezca en escena el debate sobre si hay que rescatar empresas con el dinero de los contribuyentes o si no hay que hacerlo, quienes abogan ahora por la nacionalización de la planta de Nissan (los mismos que criticaban el rescate a las cajas de ahorro hace unos cuantos años) lo hacen justificándose en los empleos que se verían destruidos si no se llevase a cabo este rescate, sin embargo, hay más motivos para oponerse a los rescates empresariales.

En primer lugar, porque los contribuyentes no tienen porqué convertirse en accionistas forzosos de empresas que han quebrado, también de empresas que aunque tengan buenos modelos de negocio se han visto obligadas a cerrar, o de empresas que se marchen de España y dejen sin empleo a muchos trabajadores. Un rescate empresarial supone que cada ciudadano tenga que, de forma forzosa, subvencionar a esta empresa que ha quebrado, aunque tenga un buen o mal modelo de negocio. Si los ciudadanos así lo desean pueden convertirse en partícipes de esas empresas de cualquier forma, pero desde luego no mediante el uso de dinero público sobre el que los ciudadanos no tienen ningún poder de decisión.

En segundo lugar, porque rescatar empresas manda unos mensajes peligrosos a estas empresas y al resto de empresas. El ejemplo más claro lo tenemos con el caso de Bankia, donde España tendría que haber obligado a las cajas de ahorro a llevar a cabo un «bail-in», que no es más que recapitalizar la entidad bancaria transformando la deuda en acciones, en lugar del «bail-out» que se llevó a cabo, que fue que todos los contribuyentes tuvieron que hacerse cargo del rescate de esta entidad bancaria. Este «bail-out» mandó dos mensajes, uno a los contribuyentes y otro a las empresas, a saber:

• El mensaje que mandó a las empresas fue: «Por muy mal que lo hagáis, siempre estaremos aquí para rescataros». Con lo cual crea un incentivo perverso al decirle prácticamente que pueden equivocarse las veces que sean necesarias porque no serán ellos los que asuman con las consecuencias de acertar o fallar, pero sí se quedarán con los beneficios si aciertan, el famoso «privatizar ganancias y socializar pérdidas».
• Mientras que el mensaje que mandó a la población fue: «Aunque no os guste esta empresa, aunque no seáis consumidores de esta empresa, vais a tener que convertiros en accionistas forzosos de esta empresa y pagar con vuestro dinero los tejemanejes de esta empresa».

En tercer lugar, porque parece que esos trabajadores que perderán su empleo no se vayan a recolocar en ningún otro sector, cuando es radicalmente falso. Si un trabajador en un determinado sector queda desempleado, tendrá la oportunidad de seguir buscando empleo en trabajos de su mismo sector o de otros sectores. También tendrá la oportunidad de reciclarse profesionalmente y adaptarse a la nueva situación.

Con lo cual, si se quiere ayudar a las empresas no se tiene que recurrir a la subvención vía dinero de los contribuyentes, sino que esta ayuda tiene que venir por el lado de los impuestos, es decir, por eximir del pago de impuestos como el de Sociedades a las empresas, por rebajar el IVA desde el 21% al 4% en bienes y servicios como la luz (tanto para ciudadanos como para empresas), por desregularizar el mercado laboral, etc.

Cualquier bajada de impuestos beneficiará tanto a familias como a empresas, y todo ello sin tener que usar el dinero de una parte de la sociedad para sufragar los gastos de la otra parte de la sociedad.