Una de las muchas herramientas que tiene en su poder un Gobierno para llevar a cabo sus políticas es la herramienta fiscal, a través de esta puede buscar incrementar o disminuir los ingresos públicos con los que llevar a cabo dichas políticas. Si bien la opción de disminuir los ingresos públicos en rara ocasión se lleva a cabo, no deja de estar encima de la mesa, o al menos no deja de existir.
Quizás la más politizada es el IVA, ya que cada partido político intenta utilizarlo como guiño a su electorado, así podemos ver como desde la izquierda se suele usar para intentar atraer a su electorado más afín al cine o al teatro y como desde la derecha se suele utilizar, con el mismo propósito, para atraer a un electorado más afín al mundo de la tauromaquía.
Sin embargo, en muy pocas ocasiones se trata una cuestión que es fundamental: Conseguir que la ciudadanía tenga una menor carga fiscal al año y que a la vez que estos ciudadanos pueden tener más dinero a su disposición, que puedan ahorrar para tener un mayor margen de maniobra ante cualquier tipo de situación.
Se suele argumentar, de forma bastante simplista en ocasiones, que por el mero hecho de mermar la recaudación anual en los ingresos a las arcas estatales tendremos menos o peores servicios públicos, algo que no tiene porqué ser necesariamente verdad. Una mayor recaudación no se traduce automáticamente en un mejor servicio.
De esta forma, se podría llevar a cabo una reducción en la recaudación impositiva con el objetivo de facilitar la vida a los ciudadanos sin que esta menor recaudación terminara perjudicando a estos ciudadanos, ¿cómo?, pues reduciendo el gasto en otras partidas que son menos necesarias y que no supondrían un recorte en educación, sanidad, pensiones, defensa o cualquier otro servicio que consideremos esencial para la ciudadanía.
En un primer lugar, podríamos eliminar por completo el IVA Especial y el IVA del 21% asociado a la factura de la luz y de esta forma ahorrar a los hogares más de 160 euros al año, una factura anual de luz en los hogares españoles que oscila entre los 660 euros al año. Con lo cual, aquí ya estaríamos ahorrando una cantidad no desdeñable a los hogares españoles. A su vez, se dejarían de ingresar alrededor de 7.400 millones de euros.
En segundo lugar, se podría eliminar por completo el Impuesto Especial sobre los hidrocarburos, que hacen que España ingrese alrededor de 11.000 millones de euros al año por la vía de los Impuestos Especiales, y así ahorrar a los ciudadanos algo más de 250 euros al año, de un consumo promedio de 1.185 euros al año.
Y en tercer y último lugar, aunque no por ello menos importante, se podría eliminar un impuesto como el IBI, que recaudó en el año 2017 en torno a 13.000 millones de euros y que supondría un ahorro promedio para las familias españolas de 315 euros al año.
Con lo cual, sumando todo lo mencionado anteriormente, se observa que las familias españolas se ahorrarían más de 700 euros al año, ahora bien, esta bajada de recaudación de 31.400 millones de euros tendría que compensarse con una bajada del gasto en otras partidas para equilibrar la balanza, ¿de dónde se puede recortar sin que ello suponga una pérdida de servicios esenciales para los ciudadanos?
De un presupuesto de casi 500.000 millones de euros al año, recortar en torno a un 7% no debería suponer un problema excesivamente difícil de solventar.
Así pues, aplicaremos un recorte del 30% a las siguientes partidas con el objetivo de encontrar aquel gasto que no supone un elemento esencial para los ciudadanos. Las partidas elegidas no son las únicas ni esencialmente las más indicadas, sino que pueden variar sin ningún problema, cada cual puede hacer su propia versión a placer.
Para empezar, un recorte del 30% en el presupuesto del Ministerio de Hacienda, un presupuesto que se sitúa en 21.358 millones de euros, y que supondría un ahorro de 6.407 millones de euros.
Un recorte al presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica del 30% supondría un ahorro de 2.100 millones de euros.
Si el mismo recorte del 30% lo aplicamos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, obtendríamos 2.430 millones de euros de un presupuesto de 8.115 millones de euros.
Ahora bien, el grueso más importante del ahorro vendría por reducir el presupuesto del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Un presupuesto de alrededor de 52.242 millones de euros y al que aplicándole un recorte del 30%, obtendríamos 15.670 millones de euros, eso sí, sin tener que tocar ni las Prestaciones a los desempleados (menos de 20.000 millones) ni las ayudas de Protección Social (13.800 millones).
En cuanto al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que cuenta con un presupuesto de 2.200 millones de euros, obtendríamos 660 millones de euros.
Por otro lado, en cuanto al Ministerio de Cultura y Deporte obtendríamos 360 millones de los 1.200 con los que cuenta su presupuesto.
En relación al Ministerio de Fomento, que cuenta con un presupuesto de casi 6.500 millones, obtendríamos 1.950 millones de euros de ahorro.
Por último, si aplicáramos el correspondiente 30% de reducción del presupuesto al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades obtendríamos 2.100 millones de euros.
Con lo cual, si sumamos todas las cantidades que han aparecido como consecuencia de la reducción del presupuesto en cada una de estas partidas, veremos como suman un total de 31.677 millones de euros, una cantidad por encima de la pérdida de recaudación por eliminar aquellos impuestos que supondrían un ahorro a la ciudadanía de más de 700 euros en promedio al año.
Así pues, vemos que se puede aligerar el gasto anual de las familias, que se puede permitir a estas que ahorren y que puedan tener un mayor margen de maniobra para actuar ante imprevistos, y que ello no tiene que afectar a servicios esenciales como la educación, la sanidad, las carreteras, las pensiones o la defensa.
Aunque todos recortes se podrían llevar a cabo de manera cortoplacista, sería más razonable hacerlo de una forma gradual pero rápida, en no más de 3 años.
Conclusión: Es preferible que el dinero de los contribuyentes esté en el bolsillo de los contribuyentes a que esté repartido en muchísimas partidas presupuestarias que en la mayoría de las ocasiones no redundan en un beneficio extra para el contribuyente.
Miguel Puga - Blog personal 