Liberalismo y leyes.

Los principios propios del liberalismo, como la defensa de aquellos derechos que nos son innatos al ser humano (vida, libertad y propiedad), no podrían llevarse a cabo si no hubiera una serie de leyes que hicieran efectiva la protección de estos derechos.

A este respecto, el liberalismo cuenta con una de las mentes más brillantes del siglo XIX como es la de Frédéric Bastiat, el escritor y economista francés. En su libro, «La Ley», detallaba con absoluta precisión y de forma muy concisa como debería ser la ley.

Bastiat reconocía que «si cada hombre tiene el derecho de defender, aun por la fuerza, su persona, su libertad y su propiedad, varios hombres tienen el derecho de concertarse, de entenderse, de organizar una fuerza común para encargarse regularmente de aquella defensa. El derecho colectivo, tiene pues, su principio, su razón de ser, su legitimidad, en el derecho individual; y la fuerza común, racionalmente, no puede tener otra finalidad, otra misión, que la que corresponde a las fuerzas aisladas a las cuales sustituye.»

Así pues, las leyes sólo podían ir a proteger los derechos naturales del ser humano, no para conculcar los derechos naturales de otras personas, decía Bastiat:

Así como la fuerza de un individuo no puede legítimamente atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la misma razón la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos o de clases.

De tal manera, la ley sería la organización del derecho natural de legítima defensa, de esta forma los individuos (para proteger sus derechos) se unen de forma voluntaria y ejercen esa defensa.

Cabe destacar que Bastiat no decía que las leyes tuvieran que ir de «arriba a abajo», sino más bien debían ser promovidas de «abajo a arriba».

¿Justicia y ley son lo mismo?

Tienden a confundirse ambos conceptos en la creencia popular, a creer que toda ley es justa y que por tanto si una ley aboga, por ejemplo, por la expoliación esa ley es justa. Así pues, se han permitido actos como la esclavitud o la expoliación en base a la legitimidad que se otorgaba a estas leyes.

Bastiat mencionaba el concepto negativo de la ley, es decir, que la «finalidad de la ley está en impedir el reinado de la injusticia» y no que «la finalidad de la ley es hacer reinar la justicia». La ley no puede usarse como herramienta para conculcar los derechos de unas personas en beneficio de otras personas, sino que ha de limitarse a defender los derechos naturales del ser humano.

La finalidad de la ley no es la de permitir que una serie de personas se beneficien de esta ley, a través de la legitimidad que se le otorga, sino la de evitar que se produzcan conculcaciones de derechos y de la reparación del daño causado.

¿Cómo identificamos si una ley está sirviendo para conculcar los derechos naturales de unas personas? Bastiat decía lo siguiente:

¿Cómo reconocerla? Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a algunos lo
que les pertenece, para dar a otros lo que no les pertenece. Hay que examinar si la
ley realiza, en provecho de un ciudadano y en perjuicio de los demás un acto que
aquel ciudadano no podría realizar por si sin incurrir en criminalidad.
Perentoriamente debe derogarse tal ley; no constituye solamente una iniquidad, sino que es ella fuente fecunda de iniquidades; porque provoca represalias, y de no tenerse cuidado, el hecho excepcional habrá de extenderse y multiplicarse, transformarse en algo sistemático. Sin duda el beneficiario chillará: invocará los derechos adquirimos. Dirá que el Estado debe protección y fomento a su industria; alegará que es bueno que el Estado lo enriquezca, porque siendo rico, gastará más, derramando así una lluvia de salarios sobre los obreros pobres. Hay que guardarse de escuchar a este sofista, pues es justamente por la sistematización de tales argumentos, como quedará sistematizado la expoliación legal.
Es lo que ha ocurrido. La quimera de hoy es la de enriquecer a todas las clases, las unas a expensas de las otras; es la de generalizar la expoliación bajo el pretexto de organizarla.

La ley se vale de la fuerza para poder realizarse de forma efectiva, pero esta ley no podrá usar esa fuerza para conculcar los derechos y libertades de otras personas. Dicha fuerza otorgada ha de utilizarse para proteger a los ciudadanos, no para el beneficio de unos en detrimento de otros.

Precisamente porque la ley tiene una importancia decisiva en el respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad es por lo que la ley no se puede instrumentalizar para quitarle a unas personas por la fuerza lo que les pertenece y dárselo a otras, sino que ha de proteger los derechos naturales y a reparar el daño causado.