¿Qué sería de los pobres sin justicia estatal?

A los anarquistas se les suele catalogar de «utópicos» cuando proponen un modelo de sociedad sin la coacción estatal, es decir, en el que no exista el Estado. Por un lado se les puede criticar por, a ojos del emisor de la crítica, creer en un sistema que no es viable a día de hoy, ya sea por su dificultad o por la distancia que lo separa del «statu quo», o bien que ciertas cuestiones como la defensa, la seguridad o la justicia no podrían ser suministradas por el «libre mercado» porque tienen una serie de particularidades que las hacen únicamente propias del Estado, y han de ser monopolizadas por este.

En este artículo (y en otros posteriores) voy a tratar de arrojar algo de luz sobre estos temas, sin pretender sentar ningún tipo de base, ni muchísimo menos, pero si con ánimo de poner en duda el sistema actual en lugar de hablar de cómo podría ser la justicia, la seguridad o la defensa en anarquía de propiedad privada. En esta ocasión, me centraré en la parte de la justicia donde trataré de exponer algunos de los problemas de la justicia estatal.

Antes de nada, cuando se habla de utopía siempre me gusta recordar las palabras del filósofo estadounidense Michael Huemer, que son las siguientes:

«La diferencia sustancial entre utópico y realista no radica en lo distante que una iniciativa se encuentre del «statu quo» o de la corriente dominante del pensamiento político, sino en general, de si exige la vulneración de principios básicos de la condición humana.»

Hecha esta precisión, que me parece bastante correcta, vamos con la crítica al sistema de justicia estatal.

Quienes están en contra de una justicia sin Estado, justifican su idea en que la justicia no puede ser objeto de compraventa, sin embargo, hay que tener en cuenta que todas o casi todas las críticas que podamos hacerle a un sistema de justicia anarquista son perfectamente igual de achacables (o incluso más) a un sistema de justicia estatal.

En los Estados de todo el mundo la gente ha de pagar por recibir justicia, porque de alguna forma han de pagarse los sueldos de los funcionarios públicos y de alguna forma han de financiarse las infraestructuras, que no es otra que a través de los impuestos. El hecho de monopolizar la justicia, a través de la violencia institucional, lo que consigue es un encarecimiento de este servicio ya que no se rige por el principio de competencia entre empresas que provean de un mejor servicio a menor precio, sino que puede dar un servicio ineficiente e ineficaz y no peligra (en absoluto) su existencia. La cuestión, aunque no entraré en detalle, es que el Estado hoy en día comete auténticas injusticias y no ocurre nada al respecto, para ello véase el caso de «Warren contra el distrito de Columbia», el caso «Hartzler contra la ciudad de San José» y el caso «DeShaney contra el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Winnebago».

Por otro lado, las leyes que hoy los Estados imponen no vienen más dictadas por la moralidad y la justicia que las normas que podrían elaborar las empresas privadas de protección y arbitraje. Aquí hay quien dice que mientras los burócratas estatales se guiarán por una imparcialidad ética y crearán normativas justas, las empresas privadas únicamente buscarán el beneficio propio. ¿En base a qué? No se sabe exactamente.

Es complicado de explicar cómo se puede creer en la imparcialidad y en la buena voluntad de personas que no tienen ningún tipo de incentivo para ser ese tipo de personas que los ciudadanos idealizan en sus mentes, ya que el interés de cualquier político es alcanzar el poder y retenerlo el máximo tiempo posible, mientras que miran con recelo al mercado y rechazan los buenos incentivos que aquí si tendrían las empresas de justicia y arbitraje para dar el mejor servicio posible, y todo en competencia. Más grave aún cuando el Estado tiene el poder para hacer y deshacer a su antojo, sin ningún tipo de represalia. El hecho de que hubiera competencia y «compraventa» sería mucho más beneficioso para todos.

Hay que ver qué se prefiere, si un orden social en el que las personas busquen su interés en nombre de la justicia o en uno en el que se busque la justicia en nombre del interés, si de verdad importa que se haga justicia, se preferirá este último.

Pero, ¿y qué pasaría con los pobres que no pueden permitirse la justicia?

La cuestión es que no disponemos de un libre mercado de justicia en ninguna parte, pero sí podemos fijarnos en lo que hace a día de hoy el Estado. Lo que sí está sucediendo en España es que las familias con hijos a su cargo con salarios SMI no son merecedoras de derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. Y de ahí en adelante nadie más recibirá ayuda gratuita.

Ya no es sólo esta cuestión, sino de a cuánto asciende en promedio el coste de iniciar un juicio. Es complicado conocer caso por caso pero, según OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), sólo por ir a juicio en primera instancia ya hay un coste mínimo de 900 euros, eso sólo para empezar.

Según «Confilegal», litigar en España cuesta una media de 3.000 euros, como mínimo. Ya sea para un divorcio, una reclamación laboral, el cobro de una herencia, etc.

¿Cuántos pobres pueden permitirse un desembolso mínimo inicial de 900 euros? No digamos ya cuántos pueden permitirse 3.000 euros, pobres y no pobres.

Pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita las unidades familiares en las que la suma de sus recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no supere los siguientes umbrales:

• Un miembro: 2 veces el IPREM anual: 12.908,16 €. En 2019 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual es de 537,84 euros.
• Dos o tres miembros: 2,5 veces veces el IPREM anual: 16.135 €.
• Más de cuatro miembros: 3 veces veces el IPREM anual: 19.362 €.

Es decir, que un trabajador que cobre el SMI no podría acceder a este tipo de ayuda, como tampoco una familia en la que sus dos miembros adultos cobrasen el SMI.

Sin embargo, el actual Gobierno en España parece estar dispuesto a aprobar una subida del IPREM que lo situase en los 564,73 euros, con lo que el mínimo para una persona sería de 13.553 euros, y aquí si entraría un trabajador que cobre el SMI (13.300 euros al año en 14 pagas). Sin embargo, una familia en la que los dos adultos cobren el SMI (26.600 euros en 14 pagas) no llegaría a disfrutar de esta prestación, ya que superaría el nuevo mínimo (20.330,28 euros)

Con lo cual, vemos que la justicia estatal no es para todo el mundo como nos quieren hacer creer. Y esto después de que todos y cada uno de los ciudadanos paguen el coste de la justicia, es decir, por una parte tienes que mantener el coste de una justicia (infraestructuras, funcionarios, etc) pero por otra parte no puedes hacer uso de ella por el elevado coste de litigar. Es una especie de doble castigo.

Algunos otros problemas de la justicia estatal son los siguientes: sentencias injustas, una legislación excesiva y excesivamente compleja, costes elevados, retrasos, superpoblación carcelaria, maltrato de los reclusos y elevados porcentajes de reincidencia, etc.

Por concluir, a poco que investigamos sobre la situación de todas aquellas cuestiones que le achacamos al anarquismo con los típicos «¿Qué pasaría si…?» o «¿Qué pasaría con…?», vemos que la mal llamada justicia que proporciona el Estado actualmente está cayendo en muchas cuestiones por las que se rechaza de plano el anarquismo. Todas estas injusticias son inherentes a la justicia estatal, puesto que cuando se es juez y parte, cuando se tiene el monopolio de la violencia, etc, es imposible no abusar de este enorme poder.

Por tanto, no podemos decir a ciencia cierta cómo funcionaría la justicia en un sistema anarcocapitalista, pero sí sabemos cómo funciona la justicia estatal, y no funciona nada bien.