Hasél tiene razón y Sócrates se equivocaba.

Allá por el año 399 a. C. en Atenas, el filósofo Sócrates fue condenado a muerte por «no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud», murió a sus 71 años envenenado por cicuta.

Sin entrar a valorar si Sócrates era realmente culpable o no por las acusaciones que le llevaron a la muerte, este es un caso claro de juicio injusto. Sócrates no debería haber muerto envenenado por expresar (o no) una serie de opiniones o creencias, puesto que no estaba violando los derechos de nadie.

Hoy en día existen muchas leyes injustas, básicamente todas las que no violan los derechos de otras personas, como son las leyes en base a la libertad de expresión, de drogas, etc. Es en relación a la libertad de expresión donde recientemente el cantante Pablo Hasél, ha sido condenado a 9 meses de cárcel por «enaltecimiento del terrorismo».

Hasél, que en el día de ayer fue TT en Twitter y la palabra «cobarde» también lo fue en referencia al cantante, se encerró en la Universidad de Lleida hasta que hace unas pocas horas ha sido detenido y se procederá a su encarcelamiento.

Aquí cabe preguntarse, al menos, dos cosas:

1. Si esa ley es injusta.
2. Si una ley es injusta, ¿hay que obedecer dicha ley?

¿Cómo podemos definir si una ley es justa o es injusta?

Los libertarios nos remitimos a los derechos de propiedad, algo atenta contra estos derechos de propiedad (ya sean propiedades físicas, inmateriales o el propio cuerpo al que denominamos «autopropiedad«) cuando se inicia la agresión contra estos (diferénciese de la legítima defensa).

Si una persona expresa una serie de ideas, por muy bien o muy mal que nos parezcan, en el uso de su propiedad privada nos parecerá bien que esa persona haga lo que estime oportuno en su propiedad. Cuando digo que nos parecerá bien quiero decir no que nos parezca moralmente correcto, sino que nos parece bien que esa persona pueda disponer de su propiedad como quiera mientras no dañe la propiedad de otras personas.

Es por ello por lo que se pueden calificar como injustas las leyes del Estado que van a castigar delitos «sin víctima», como son los delitos por injurias, por drogas, o hasta por conducir sin cinturon. Ni siquiera, a mi juicio, las leyes que van teóricamente a proteger la propiedad privada son justas, porque la forma en la que «protege» el Estado es violando esos derechos de propiedad al mismo tiempo, algo ridículo. Esto último es algo a lo que Hans-Hermann Hoppe hace referencia en «Democracia, el dios que fracasó», al denominar al Estado como un «Protector-Invasor», ya que al mismo tiempo que se presenta como un protector, está imponiendo esa protección y está invadiendo tu propiedad privada para poder financiarse.

Una objeción pertinente a esta idea es la de, ¿qué pasa con las amenazas?, no son un ataque a los derechos de propiedad pero cabe la posibilidad de que si lo sea en un futuro, una amenaza puede ser un calentón momentáneo o puede ser algo constante en el tiempo. Aquí puede haber muchas posibles soluciones a esta cuestión, una de ellas podría ser la de ponerse en contacto con la empresa de seguridad privada del sujeto que estaría siendo receptor de dichas amenazas y hacerles conocedores de la situación para que tomen las medidas preventivas pertinentes. La empresa podría establecer un control al domicilio del cliente, podría contactar con la empresa del sujeto que emite la amenaza, etc. No hay una única posible solución a este respecto, lo que sí está claro es que la solución no puede pasar por el positivismo.

Sin embargo, y a diferencia de las leyes contra la droga o contra la libertad de expresión, las leyes que teóricamente van a proteger los derechos de propiedad no son injustas en el sentido de que se pueda atentar contra estos derechos y que el Estado de forma arbitraria e injusta lo impida, sino que son injustas porque no protegen verdaderamente estos derechos. La diferencia fundamental es que insultar, vejar o humillar no daña los derechos de propiedad de nadie, iniciar la violencia contra estos sí lo hace.

Con lo cual, si una ley es claramente injusta como esta, hay que preguntarse si es incorrecto que alguien trate de evitar el cumplimiento de esta ley y sus posibles consecuencias, y aquí entramos en la segunda cuestión.

Si una ley es injusta, ¿hay que obedecer dicha ley?

El filósofo Michael Huemer se pregunta esto en «El problema de la autoridad política», y llega a la conclusión de que no hay ninguna obligación ética para cumplir con una norma que se considera claramente injusta por el hecho de que la haya dictaminado así el Estado, Huemer establece la siguiente analogía:

«Hay una banda callejera en su barrio que se dedica a dar palizas a los homosexuales. Si usted fuese gay, ¿estaría obligado a presentarse ante ellos y revelar sus preferencias sexuales para ser apaleado? Está claro que no. Entre otras razones, porque acceder a recibir los golpes transmitiría la idea de que usted ha hecho algo para merecerlos y de que la banda tiene derecho a castigarlo por ello. Ni siquiera estaría obligado a pasar por esa prueba si usted opinase que someterse al vapuleo iba a provocar un escándalo social que se traduciría en último término en un cambio de comportamiento en los sujetos de la banda.»

Esta postura también tiene una posible objeción, a saber, hay quien podría decir que de esta forma se estaría induciendo a otros a desobedecer las leyes, sin embargo, dice Huemer que esto es bastante improbable y que no merece demasiado crédito, puesto que unas leyes no tienen conexión ninguna con otras y también está el hecho de que casi nadie se va a arriesgar a cumplir una condena por el hecho de que otra persona sí se haya arriesgado.

También Huemer cree que los funcionarios deberían negarse a detener a personas por incumplir leyes injustas y que deberían hacer la vista gorda, pero eso ya es otro tema aparte. Es verdad que el caso de Hasél no es como cualquier otro en el que se pueda incumplir una norma y ocultar la identidad propia, pero es igual de aplicable.

Por tanto, no, no hay ninguna obligación moral ni ética para cumplir con una ley injusta, y mucho menos para entregarse voluntariamente a cumplir con el castigo del incumplimiento de esa ley.

Es por esto por lo que considero que Sócrates, en su día, se equivocó al aceptar el castigo y no huir cuando tuvo la oportunidad y, en nuestros días, Pablo Hasél tiene razón en no haber querido entregarse de forma voluntaria.