Servicios públicos ≠ Servicios de calidad.

Un mantra muy utilizado por la izquierda de todo el mundo, y en nuestro caso de la izquierda española, es el de que si no es el Estado el que se encarga de proveer determinados servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones, ese tipo de servicios no podrán proveerse a las personas más pobres o con menos recursos, también se incide en que estos servicios son de calidad.

El gran logro de la izquierda es el haber conseguido que no sólo este discurso lo interioricen personas con ideologías afines a la izquierda, sino que también lo acepten personas que teóricamente se situán a la derecha del espectro político.

Sin embargo, no es verdad que si el Estado no se ocupa de asegurar estos servicios no se vayan a poder satisfacer a través del mercado, ni es verdad que el hecho de que estos servicios sean estatales haga mejorar la calidad de estos servicios, sino más bien al contrario. Hay que tener una cosa muy clara, y es que el Estado es un «intermediario forzoso» de todos los servicios que se podrían obtener en el mercado, de este modo encarece artificialmente unos servicios que luego se arroga la potestad de ofrecer.

Existen muchos problemas por los cuales se hace muy complejo que los servicios públicos (estatales) puedan ser de mejor calidad que los que se ofrecerían en un sistema privado, uno de los más importantes es el problema del «cuasi-monopolio» del Estado con servicios como la sanidad, la educación o las pensiones. Es verdad que no podemos hablar de monopolio propiamente dicho porque no existe una única forma de proveer sanidad, pensiones o educación (ya que hay alternativas privadas, aunque con matices) pero si es cierto que el Estado nos obliga a financiar todo ese tipo de servicios aunque luego no vayan a ser posteriormente consumidos.

Un ciudadano tiene que sufragar los servicios estatales (vía impuestos) aunque no vaya a hacer uso de ellos, así pues todas aquellas personas que acuden a la sanidad privada, tienen un plan de pensiones privado, o llevan a sus hijos a la educación privada, están pagando dos veces por el mismo servicio. La diferencia fundamental es que los ciudadanos pueden elegir si pagar o no la sanidad privada, algo que no ocurre con los servicios públicos, donde el ciudadano no tiene opción.

En el caso de la educación o de la sanidad, vemos como la competencia no afecta a los servicios públicos en estas materias, lo que hace automáticamente que se provean peores servicios. Si la sanidad o la educación públicas no se ven influidas por los mecanismos de la oferta y la demanda, estos servicios tenderán a ser cada vez peores, en lugar de mejorar.

Pensemos que si una empresa sabe de antemano que, haga lo que haga, va a tener una serie de ingresos asegurados todos los años y que si lo hace mal no sólo no es que vaya a disminuir el presupuesto asignado para dicha partida, sino que va a aumentar para «dotarla de más recursos», esa empresa tenderá a sufrir una dejadez progresiva, aunque sin llegar a la catástrofe absoluta. También hay que tener en cuenta que el hecho de asegurar un trabajo es tremendamente contraproducente a la hora de establecer incentivos para dar un buen servicio. Si un profesor o un médico no tiene incentivos a la hora de hacer bien su trabajo, y el hecho de que den un mal servicio continuado no va a suponer que pierdan su trabajo (sino que incluso se les puede recompensar), ¿de qué forma van a verse dispuestos a dar un buen servicio todos los días?

Con esto no se está diciendo que todos los profesionales del sistema público de educación o de sanidad sean malos profesionales, pero sí que no tienen prácticamente incentivos para dar un buen servicio. Podemos caer en la idealización de estos puestos de trabajo al decir que, si bien no tienen incentivos a la hora de dar un buen servicio para evitar que peligre su empleo, estos funcionarios están ahí por vocación y por la satisfacción de hacer un bien a su comunidad. No obstante, aunque pueda haber profesionales que de alguna forma puedan encajar con esta idea, lo normal es que las personas se muevan por incentivos.

De la misma forma en que en el sector alimentario o en el sector de ropa hay mucha competencia y eso hace que los precios bajen y sean accesibles para todos, en la sanidad y en la educación ocurriría lo mismo. Aquí se rompe con la matraca de que «sanidad y educación son servicios que no pueden quedar al libre mercado», ¿acaso cualquier de estos servicios es más importante que la comida o la ropa?

¿En qué sistema se tenderán a dar mejores servicios, en uno donde hay mucha competencia y si una empresa no da un buen servicio se verá desplazada por otra que si lo de, y en donde los consumidores no se vean obligados a pasar por una determinada empresa, o en un sistema donde una única empresa obliga a sus consumidores a pasar por ella (aunque no quieran sus servicios) y para ir a otra empresa tengan que pagar dos veces por el mismo servicio? Un amplio abanico de empresas ofertantes da poder al consumidor a la hora de elegir.

El mismo análisis vale también para el oligopolio bancario, que dispone de una serie de privilegios estatales que no tienen el resto de empresas. Si los bancos, en el caso de hacerlo mal y quebrar va a venir el Estado a rescatarlos (con el dinero de los contribuyentes), y en el caso de hacerlo bien van a poder disponer de esos beneficios libremente, lo que viene a ser «privatizar ganancias y socializar pérdidas», ¿qué incentivos tienen los bancos a llevar a cabo un buen trabajo si, hagan lo que hagan, van a venir a rescatarlos? Esta misma lógica es la que hay que aplicar tanto a la sanidad como a la educación.

Asegurar un puesto de trabajo o asegurar una serie de ingresos perpetuos cada año, no sólo no es positivo a la hora de dar un buen servicio sino que es contraproducente. En la sanidad o en la educación pública no se tiende a evaluar el gasto porque da igual si ese dinero se despilfarra o no, incluso el despilfarro puede suponer un aumento en el próximo año del presupuesto. También existen otros problemas asociados al ya mencionado de cuasi-monopolio, y es la tendencia a mantener lo ya existente.

Planteo una serie de preguntas al lector: ¿cuál es el número óptimo de horas de clase al día?, ¿cuántas a la semana?, ¿cuál es el número óptimo de horas de matemáticas, inglés, educación física, conocimiento del medio, naturales, física, economía, historia, etc?, ¿cuál es la forma óptima de enseñar este tipo de asignaturas?, ¿por qué esas asignaturas y no otras como informática, chino, psicología, etc?, ¿deberes sí o deberes no?

Una vez respondidas, ¿creen que hay una única respuesta para todo?

Evidentemente no, hay muchas respuestas posibles para todas esas preguntas, que variarán en función de las preferencias de cada ciudadano. Cada niño puede necesitar unas horas concretas para una determinada asignatura, también puede aprender de una determinada forma y puede no aprender nada de otra forma, etc. También podría optarse por el homeschooling o el flexischooling, y esta misma lógica se puede aplicar para la sanidad donde podrían competir modelos distintos de sanidad. Entonces, ¿por qué el Estado ha de imponer su idea a todos los ciudadanos?

A este problema lo acompaña otro, ¿quiénes son los que han de impulsar ese tipo de cambios? Los funcionarios tanto en educación como en sanidad, y ¿con qué fin iban a promover cambios que incluso pudieran llevarles a ellos a perder su puesto de trabajo o a hacer que tuvieran que reciclarse como profesores? La inclinación al cambio en los funcionarios será prácticamente ninguna.

Este es el problema de que el Estado provea (vía impuestos) este tipo de servicios, ya que en lugar de adaptarse la oferta a la demanda, la demanda (ciudadanos) se amolda a lo que dice la oferta (Estado). Lo mismo ocurre con la sanidad, cuando he mencionado anteriormente que este tipo de servicios pueden ser proporcionados de forma privada pero con matices, me estaba refiriendo a que no son ni mucho menos libres, ya que el Estado se encarga de regularlos y de establecer las formas en que pueden o no pueden proporcionar esos servicios.

Hay que tener en cuenta otra cuestión cuando hablamos de los servicios públicos, y es la siguiente: ¿cómo y quién paga esos servicios públicos?

Antes de la reforma de 1986, las cotizaciones a la Seguridad Social incluían la sanidad, hoy dicha sanidad se paga con todo tipo de impuestos (IRPF, IVA, IIEE, IS, Impuesto de Patrimonio, IBI, etc), al igual que ocurre con la educación. Es decir, al final todos los ciudadanos estamos pagando estos servicios a través del pago de todo tipo de impuestos. Ahora bien, ¿quién paga el grueso de todo este gasto?, ¿lo pagan los más ricos?

La respuesta es que el grueso de este tipo de servicios quienes lo acaban pagando son las clases de rentas medias y de rentas bajas, que son aquellas mayores en proporción, ya que hay muchos más ciudadanos que cobran salarios por debajo de los 21.000 euros al año que ciudadanos que cobran salarios por encima de esa cantidad.

También son las clases medias, entendidas por aquellas personas con rentas entre un 75% y un 200% el salario mediano del país, las que soportan el grueso de la financiación al Estado del Bienestar, en España estas «clases medias» serían aquellas con ingresos de entre 13.966 euros al año y 39.184 euros al año. La aportación a la financiación del EdB en España de estas clases es del 54’4% del total.

Con lo cual, al final son las propias rentas bajas y medias las que se auto-costean estos servicios con la intermediación forzosa y cara del Estado, que les obliga a pasar por Hacienda para llevarse su correspondiente mordida. No son los ricos o las clases más adineradas las que están pagando la sanidad o la educación, sino que son los propios ciudadanos con rentas comúnes las que se están financiando entre ellas la sanidad y la educación.

Hemos de fijarnos en que cuando se habla de gasto per cápita en sanidad o educación, simplemente se está cogiendo el gasto total en estas partidas y se está dividiendo por el número de habitantes del país, con lo que una familia puede estar pagando realmente mucho más de lo que refleja esta estadística.

En cuanto a las pensiones, ya hemos mencionado en muchas ocasiones aquí que el sistema público de reparto está quebrado y que ha sufrido multitud de recortes. Hemos pasado de un sistema en el cual te jubilabas a los 10 años cotizados cobrando el 100% de la pensión, siendo el periodo de cálculo de las pensiones los 2 últimos años (que es donde, generalmente, se cobra un mayor salario), a un sistema en el que es necesario cotizar, por ahora, 37 años para cobrar el 100% de la pensión, donde el periodo de cálculo de la pensión es de los últimos 25 años, y donde se seguirán haciendo recortes para tratar de paliar el déficit estructural que tiene el sistema de Seguridad Social, que para el año 2050 se espera que sea el triple que el actual (alrededor de 17.500 millones de euros en la actualidad).

España tiene un serio problema demográfico en donde vamos camino de tener algo más de un trabajador por pensionista, esto quiere decir que del salario de algo más de un trabajador se tendrá que pagar la pensión de un pensionista, ya que se espera que para el 2050 haya algo más de 16 millones de pensionistas y actualmente hay casi 20 millones de trabajadores. Y como ya hemos mencionado también aquí, si la economía no crece a niveles nunca vistos antes en España, como es al 4% de forma continuada hasta 2050, las pensiones sufrirán recortes inevitables.

Por ofrecer algunos ejemplos de sanidad, educación o pensiones que aunque no estén completamente liberalizados (ni de lejos), ya que no escapan de las garras estatales, podemos encontrar sistemas algo más libres que el nuestro en la sanidad de Singapur, el sistema de pensiones chileno. Para el caso de la educación privada es más complicado encontrar ejemplos, ya que no suele estar privatizada realmente sino que es concertada.

Un último detalle en cuanto a la educación, es que a pesar de que se dice que la educación pública busca que tanto el hijo del rico como el hijo del pobre puedan estudiar en las mismas condiciones, no se da el caso realmente. Aquellos barrios más pobres suelen tener las peores escuelas y las peores condiciones (esto es algo que señala David Friedman en «La maquinaria de la libertad»), y que justamente este sistema obliga a estos chavales a asistir a este tipo de centros donde las condiciones son, en muchos casos, lamentables. Un posible parche a este problema, es el que mencionaba Friedman en los años 70 y que hoy está muy popularizado, que no es otro que el «cheque escolar», de esta forma los niños de barrios muy pobres podrían asistir a escuelas con mejores condiciones que en la actualidad, pero para ello también sería necesaria una ampliación de la oferta educativa.

Pero, ¿cómo podrían los pobres pagar todos estos servicios en un mercado libre?

Pues de la misma forma en la que los pagan hoy, con el dinero de sus impuestos donde la mitad de lo que ingresa un ciudadano al año va a parar a las arcas del Estado. Como ya hemos mencionado, lo que hace el Estado es ejercer de intermediario forzoso.

Por tanto, justamente porque servicios como la sanidad, la educación o las pensiones son tan importantes es por lo que no pueden quedar en manos del Estado.