Cuando hablamos del proteccionismo en la economía, estamos hablando de una serie de cuestiones entre las cuales la opinión del público se distancia mucho del consenso entre los economistas (sí, lo hay).
Mientras que más del 90% de los economistas reconocen que los aranceles y las cuotas de importación reducen el bienestar económico, una buena parte de la población ve con buenos ojos el proteccionismo con el fin de proteger los intereses nacionales y/o comunitarios.
En este artículo trataré de demostrar, a través de evidencia empírica, que el proteccionismo en la economía no sólo no es beneficioso sino que es tremendamente perjudicial para esta, reduciendo el bienestar del conjunto de ciudadanos.
Quizá una de las evidencias más sólidas sea la aportada por el economista francés Patrick A. Messerlin, en su trabajo «Measuring the Costs of Protection in Europe«, en dicho trabajo analizaba los efectos de las políticas proteccionistas (como aranceles o cuotas a la importación) en la Unión Europea en la década de los 90, en 22 sectores (carne, plátanos, cemento, fertilizantes, textiles, acero, cereales, lácteos, azúcar, etc.).
Messerlin estimó que el coste de la política proteccionista suponía (en su momento) alrededor del 6-7% de todo el PIB de la Unión Europea, lo que equivalía a todo el PIB de España, alrededor de 550.000 millones de euros.
El número total de los distintos aranceles fue de 8.516 entre los diversos productos y sectores.

Uno de los principales alegatos en defensa de las políticas proteccionistas es la defensa de los puestos de trabajo nacionales (o comunitarios), pues bien, gracias a estas medidas proteccionistas se salvaron alrededor de 245.000 puestos de trabajo, los cuales la mayoría pertenecían al sector agrícola (121.000 empleos aprox) y al sector manufacturero (95.000 empleos aprox).

Con lo que el coste de cada puesto de trabajo fue de unos 220.000 euros, o dicho de otra manera, el coste de mantener esos puestos de trabajo con el dinero de todos los contribuyentes fue de 10 veces el salario medio en los sectores en cuestión. Parece que está bastante claro que el coste de salvar estos puestos de trabajo fue mucho mayor que el beneficio de salvarlos, salvo para los casi 245.000 trabajadores que mantuvieron su trabajo.
Este coste de casi 54.000 millones de euros al año (para un total de 550.000 millones en 10 años de forma aproximada), podría haber sido menor si se hubiera dado 100.000 euros a cada trabajador al año, esto habría supuesto un coste de 24.500 millones de euros al año, menos de la mitad de lo que costó toda la política proteccionista. Evidentemente esto habría sido un disparate, pero más disparate aún parece que fue la aplicación de esas medidas arancelarias.
No obstante, no es el único trabajo existente, también tenemos evidencia para Estados Unidos. Gracias al trabajo «Measuring the Costs of Protection in the United States» de los autores Gary Clyde Hufbauer y Kimberly Ann Elliott, podemos saber que el coste de la política arancelaria estadounidense les costó a los ciudadanos de EEUU en 1990 más de 70.000 millones de dólares.
El coste por trabajo salvado fue de entre 100.000 dólares y más de 1 millón de dólares. En 4 de estos 21 sectores analizados, el coste de salvar un empleo superaba el medio millón de dólares.

Según el informe, se salvaron alrededor de 191.000 empleos con un coste medio de casi 170.000 dólares. El salario medio en EEUU en 1990 rondaba los 21.000 dólares, con lo que el coste de salvar cada empleo (en promedio) superaba por más de 7 veces el salario medio del país.
Por último, aunque no menos importante, también hay evidencia para China. Aquí contamos con el trabajo «Measuring the Costs of Protection in China«, cuyos autores son Zhang Yansheng, Wan Zhongxin y Zhang Shuguang.
En 1994 había hasta 6.350 aranceles en 25 sectores distintos en el gigante asiático (trigo, refrescos, petróleo, gasolina, caucho, plásticos, bienes manufacturados, automóviles, aire acondicionado, ordenadores, etc).
El coste de las medidas proteccionistas para los consumidores chinos fue de 35.000 millones de dólares en el mismo año, o dicho de otra manera, se lograron salvar alrededor de 11’2 millones de empleos que costaron cada uno alrededor de 3.100 dólares.

Puede parecer muchísimo empleo salvado, pero no olvidemos que se trata de China cuya población en el año 1994 rondaba los 1.200 millones de personas.
Estos 3.100 dólares de coste que supuso cada empleo, hay que ponerlo también en el contexto de los salarios en China,y en el año 1994 el ingreso anual per cápita fue de 774 dólares, con lo que el coste de salvar cada empleo era de 4 veces más el salario promedio.
Para un caso más reciente, podemos observar lo ocurrido con los aranceles a las lavadoras en Estados Unidos en el año 2018. En resumen, gracias a las medidas arancelarias a todas las importaciones de lavadoras hacia Estados Unidos, se crearon alrededor de 1.800 puestos de trabajo, con un coste para los estadounidenses de 1.500 millones de dólares, o lo que es lo mismo, el coste de cada puesto de trabajo rondaba los 815.000 dólares. Como vemos, el coste de cada puesto de trabajo era de más de 15 veces el salario medio del país en 2018.
Espero que este artículo sirva para despejar uno de los mantras muy extendidos en la economía y con gran aceptación en el público general. El proteccionismo acaba haciendo mucho más daño que bien, más si cabe en un contexto de globalización y con tantas facilidades para el intercambio entre ciudadanos de todo el mundo.
Las medidas proteccionistas pueden ser impulsadas o bien por una serie de personas que desconocen los efectos de los aranceles, cuotas de importación o subsidios, o bien por aquellos que se encuentran entre los posibles beneficiarios de estas medidas (empresarios y trabajadores del sector protegido).

2 respuestas a “El coste del proteccionismo económico.”
Entiendo que los costes de los que hablas, son el dinero que gastó de más la población respecto a una situación en la que no se hubieran aplicado aranceles, verdad? No estoy seguro de haberlo entendido bien.
Gracias
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Claro, al final eso es dinero que pagan todos los ciudadanos que subvencionan (sin quererlo) esos empleos.
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