¿Puede la complejidad de la regulación afectar a la demografia empresarial? Esta es una pregunta que se hicieron los economistas Mora-Sanguinetti y Pérez-Valls en un informe del Banco de España en el año 2020, en dicho paper dieron respuesta a la cuestión para el caso de España.
En un primer lugar, los autores nos muestran como ha evolucionado la producción normativa desde el año 1950 hasta el año 2018, y las cifras son impresionantes. El número de normativas durante todo este periodo alcanza las 424.000 normas publicadas, de las cuales 364.267 normas pertenecen al periodo democrático en España (1979-2018). Es decir, desde 1950 hasta 1979 el número de regulaciones era de aproximadamente 60.000 normas. La cifra de regulación se ha multiplicado por siete entre 1950-1979 y 1979-2018, este volumen regulatorio se reparte entre la Administración Central (36’61%), CCAA (58’83%) y nivel local (3’61%).
Tal y como nos muestran, en el año 1979 se crearon 3.012 normas nuevas mientras que en el año 2018 esta cifra de nueva regulación ascendía a las 11.737 normas, con lo que la producción anual de normativa se ha multiplicado por cuatro.
Aquí vemos la evolución de la producción normativa a nivel provincial:
No obstante, no siempre las CCAA tuvieron el mayor peso dentro de la creación de normas, en el año 1979 el 88’6% de las nuevas normas provenían de la Administración Central, mientras que el 11’3% provenía de las CCAA. Hoy en día la nueva regulación proviene en un 71’8% de las autonomías y en un 14’7% de la Administración Central.
La regulación regional explica entre el 60% y el 80% anual de toda la producción normativa desde que se consolidó el Estado de las autonomías en los años 80.
Como ya hemos visto en un anterior gráfico, la creación de nuevas normas no es homogenea en todas las CCAA, así pues vemos que durante el periodo de 1983-2018 Cataluña es la región que más normativa ha aprobado (12% del total de normativa autonómica), seguida de Andalucía (8%). Sin embargo, atendiendo a la población y al PIB regional vemos que la región más regulada sería La Rioja mientras que Andalucía, Madrid o Cataluña serían las regiones menos reguladas de todas.
Como acertadamente señalan los autores, la decisión de crear una empresa o de ampliarla puede depender no sólo del actual volumen regulatorio sino del número de regulaciones que se pueden aprobar en el futuro.
Durante el periodo 1999-2018 (de media), la demografía empresarial se distribuía de la siguiente forma:
- 1.713.266 personas físicas empresarias.
- 986.128 sociedades de responsabilidad limitada (SL).
- 109.097 sociedades anónimas (SA).
- 23.105 sociedades cooperativas.
- 335 sociedades colectivas.
- 99 sociedades comanditarias.
- 101.253 comunidades de bienes.
Los resultados que arrojan los economistas son los siguientes:
Un incremento del 1% en el volumen de regulación estaría relacionado con un 0’05% menos de empresas en promedio. Aunque en esta conclusión se escondería un «efecto composición», ya que mientras un incremento del 1% en la regulación estaría relacionado con un 0’12% menos de empresas de Sociedad Limitada, un incremento del 1% en el volumen regulatorio estaría relacionado con un aumento del 0’06% en las personas físicas con actividad empresarial.
Lógicamente existen otras variables que afectan a la demografía empresarial, como el acceso al crédito local o la eficacia judicial en las distintas regiones, algo que los autores ya mencionan en el informe.
Una menor entrada de empresas en los distintos sectores hace mermar la competitividad o la productividad a través de la inversión en I+D y en nuevas tecnologías de la información. Mora-Sanguinetti y Fuentes ya señalaron que el tamaño empresarial importa para la tendencia del crecimiento de la productividad, y López-García y Montero (2012) observaron que las empresas pequeñas se relacionaban con probabilidades más pequeñas de innovar o de invertir en I+D.
Por estas y por otras muchas razones es por lo que es importante reducir la regulación existente con el fin de facilitar la creación de empresas y todos los aspectos positivos que se derivan de ello. Al contrario de lo que se cacaera desde muy buena parte de la opinión pública cuando se dice que «por culpa del neoliberalismo la economía se ha desregularizado», vemos que no ha sido así sino que todo lo contrario, para una empresa es de una complejidad incalculable saber cuántas normas existen y cuáles les afectan, lo que les lleva a incumplir normas que ni siquiera sabían de su existencia.
En definitiva, el exceso de regulación tiene un coste y ese coste se ve reflejado en una menor cantidad de empresas y en unos sectores menos competitivos, la normativa supuestamente ha de servir para mantener un cierto orden y control sobre las actividades que regula, no para sobre-regular en demasía y acabar haciendo mucho más daño que bien, tal y como ocurre con la normativa actual en España.
Miguel Puga - Blog personal 